El País
El presidente tunecino, Kais Said, ha nombrado este miércoles como primera ministra a Najla Bouden Romdhane, una alta funcionaria del Departamento de Educación Superior e Investigación Científica, que se convierte, así, en la primera mujer en ocupar este cargo ―vacante desde hacía dos meses― en la historia del país.
En un escueto comunicado de la Presidencia, el mandatario ha declarado que su decisión se enmarca dentro de las medidas excepcionales anunciadas el pasado día 22, que incluyen la suspensión de la casi totalidad de la Constitución aprobada en 2014 y se arroga el poder legislativo y ejecutivo.
La nota añade que la nueva responsable será la encargada de formar un nuevo Gobierno “lo antes posible”. “El presidente, Kais Said, encarga a Najla Buden Romdhane la formación del nuevo Gobierno lo antes posible, tras el decreto presidencial 117 sobre medidas excepcionales”, señaló la Presidencia tunecina a través de un breve mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.
El nombramiento se produce en medio de grandes presiones de las fuerzas políticas tunecinas y ONG locales e internacionales para que Said abra el diálogo y el país vuelva a la normalidad democrática.
Romdhane, de 63 años, es una desconocida funcionaria que hasta ahora ocupaba el puesto de directora general del proyecto Promesa, con el objetivo de modernizar la educación superior, y una década antes fue nombrada directora general de calidad de dicho Ministerio. En 2015 trabajó además como responsable del gabinete del ministro de Educación.
La clase política, la sociedad civil y la comunidad internacional han denunciado el peligro que supone la acumulación de todo el poder en manos del presidente desde que el pasado 25 de julio destituyera al primer ministro, suspendiera la Asamblea y la inmunidad parlamentaria de sus 217 miembros.
En el poder desde finales de 2019, Said decretó el Estado de excepción de manera indefinida y se atribuyó plenos poderes invocando la aplicación del artículo 80 de la Constitución, que le permite asumir poderes excepcionales en caso de “amenaza” para el país.
El presidente tunecino ha afirmado que su decisión era una respuesta a las movilizaciones contra la gestión de la pandemia, la corrupción y la grave crisis económica que arrastra el país. Aunque la Constitución no permite la disolución del Parlamento sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días.
Las acciones del presidente tras asumir todo el poder, con varias prórrogas a estas medidas incluidas, han sido condenadas por el principal partido del país, el islamista Ennahda, que ha reclamado el fin de las medidas. La mayoría de las formaciones consideran que se trata de un “golpe de Estado” mientras que otras consideran que es una “rectificación”de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas de dictadura de Zine El Abidine Ben Alí.
